Tan ansiados, como denostados.

¡Voilà! Estamos a las puertas de un nuevo globo sonda, o ante una nueva maniobra de despiste, que ambos casos se confunden cada vez más. Las palabras ayer de Manuel Chaves, asegurando que el Gobierno estudia ligar los salarios de los funcionarios a la productividad de los mismos, ya han fijado posiciones. No tiene mucho sentido lanzar ahora esta propuesta, cuando se habla de retomar el diálogo social roto tras la reforma laboral, porque los sindicatos tienen claro que ya hay mecanismos de productividad vigentes, que si no se aplican es porque el Gobierno no quiere o porque sabe que eso cuesta dinero y no va a gastar ni un euro más.
El debate sobre las retribuciones de los funcionarios es recurrente. Aparece y desaparece como el Guadiana, porque es uno de esos asuntos que siempre captan la atención ciudadana, ya que no son pocos los sectores de la sociedad que no dudan en poner en la picota a los empleados públicos por cualquier cosa. Lo cierto es que el acceso a la función pública se hace por oposición, lo que implica una formación y la preparación específica para el puesto que se va a desempeñar. Su ejercicio, debe ser la plena garantía de los derechos y los deberes de los ciudadanos y justo es decir que la gran mayoría de los empleados públicos cumplen su tarea con entrega; pero sí existe una minoría que no cumple con ese servicio público que detentan y son ellos los que dan tan mala fama al sector.
Si bien es cierto que los funcionarios tienen un trabajo para toda la vida, no es menos cierto que su promoción es mucho más difícil y menos reconocida que la de la empresa privada. No son iguales y por tanto no se pueden comparar, porque mientras los funcionarios cobran del dinero de todos y tienen seguridad, en el sector privado es el dinero particular el que paga las correspondientes retribuciones y no hay puestos garantizados.
Es la fijeza en el puesto de trabajo lo que genera el gran deseo ciudadano de tener un puesto de funcionario, y mucho más en un momento en el que tener trabajo es el bien más cotizado. Y es el exceso de aparato administrativo, la duplicidad de funciones y el solapamiento de competencias, lo que contribuye a la mala imagen de la tarea que se realiza.
En España hay casi 2.660.000  empleados públicos entre todas las administraciones, lo que supone que hay un empleado público por cada 17,58 habitantes. No es exagerado, si lo comparamos con el resto de los países más avanzados de la UE. Son las Comunidades Autónomas las que tienen mayor número, 1.345.500. La Administración Central mantiene 583.500; la Administración Local 627.100 y las Universidades 102.900.
Este inmenso ejército de trabajadores es el que permite funcionar la administración, tarea nada fácil y muy compleja, por lo que se exige una cualificación que tiene que estar en constante evolución. Es imprescindible su formación continua y el resultado debe ser el de una administración más ágil, menos compleja y más próxima al ciudadano. La gran tarea a realizar ahora es la de ajustarla y solucionar la crisis de crecimiento que ha tenido por la descentralización de competencias. Ello implicará redefinirlas en algunos casos, nunca suprimirlas y aceptar un debate serio y riguroso sobre el papel de cada cual. Lo han dicho varios dirigentes del PP, con la consiguiente manipulación socialista de que lo que quieren es quitar competencias a las autonomías. Da la impresión de que prefieren el modelo actual, porque es el que le permite mantener permanentemente abierto el debate de los funcionarios.