No permitamos que se repita.

No hay palabras para condenar la salvajada cometida contra Pedro Alberto Cruz, el Consejero de Cultura del Gobierno de Murcia, que fue brutalmente agredido y pateado el pasado viernes por tres desconocidos que le esperaban a la puerta de su casa. Utilizaron un puño americano, lo que indica el daño que querían inflingirle. Desgraciadamente, nunca faltan salvajadas en una sociedad cada vez más insensible a los sucesos, pero en este caso hay un “además” que provoca escalofríos y que debería llevarnos a una profunda reflexión. No podemos permanecer impasibles ante la agresión a un político porque se esté en desacuerdo con las medidas que gestiona su gobierno. Si una situación como esta pasa de largo, habremos entrado directamente y por la puerta grande en la más dañina de las leyes de la jungla.
Lo más grave es que se veía venir, porque el clima de crispación creciente en Murcia contra las medidas de recorte que había aprobado el Gobierno de Ramón Luis Valcarcel era evidente, ya que se alentaban desde la calle con manifestaciones, lanzamientos de huevos y otros objetos a miembros del Gobierno, y desde internet con incendiarios foros en los que se ponía a los miembros del Gobierno en el centro de la diana. Incluso se produjo una manifestación no autorizada ante la casa del presidente murciano, con la pasividad policial y con insultos graves y amenazas a su hija. Todo ello sólo cosechó tibias condenas de los sindicatos convocantes y de una oposición que veía como este clima le favorecía electoralmente en un tiempo en el que cualquier ayuda que les llegue es poca.
La crisis nos afecta a todos y el Gobierno murciano decidió recortar drásticamente subvenciones, ayudas y complementos a trabajadores públicos. Han sido medidas duras, de apretarse el cinturón, que todos sabemos que son imprescindibles. Que haya protestas por ello es legítimo y que se manifieste el descontento también. El estado democrático tiene sus cauces perfectamente determinados y no hay por qué salirse de ellos. Es muy posible que los grandes alborotadores sean, como presume la policía, grupos antisistema que aprovechan la situación de enfado colectivo para hacer de las suyas. Lo grave es que a ello asistan con cierto grado de complacencia los sindicatos y la oposición. Pero resulta que a estos bestias se les ha ido la mano y han agredido brutalmente a una persona (me da igual su ideología) y le han destrozado la cara, y esto no puede quedar impune. Interior, que seguramente debió tomar antes las medidas que ahora ofrece, tiene que trabajar a fondo y descubrir a los culpables, porque un suceso de estas características es un peligro, una mecha encendida en un polvorín, porque dada la coyuntura por la que atravesamos, son posibles muchos más recortes y no por eso se tiene que enrarecer el clima hasta llegar a la violencia y la agresión.
Se equivocan quienes piensen que este ha sido un atentado contra el PP o contra uno de sus miembros. Ha sido un atentado contra toda la sociedad, porque estos grupos están en contra de todo y de todos y sólo buscan alterar la normalidad democrática y la paz social. Para ellos el único destino es la cárcel. Poner paños calientes a métodos mafiosos que buscan amedrentar o condicionar decisiones políticas, es abrir la puerta al caos. La ley debe ser implacable, pero más implacable debemos ser nosotros, la sociedad, que es la primera que debe exigir el aislamiento de estos grupos y su condena, sin paliativos. No hay excusa posible. Un “tijeretazo” drástico que no es caprichoso, sino que viene dado por la crisis económica, no se puede convertir en coartada política. No cerrar esta espita, sí que sería un verdadero e insólito atentado contra la democracia.