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La crisis y la proximidad de las elecciones han abierto el debate sobre la validez del modelo autonómico que tenemos en España. En las últimas semanas los dos grandes partidos asumen que las cosas no pueden seguir como están, pero tampoco dibujan y matizan qué es lo que hay que hacer. Lo curioso del caso es que la receta genérica que dan es común para ambos, pero la forma de aplicarlas parece que es sustancialmente diferente. Lo que sucede es sencillo: reformar el Estado de las Autonomías puede implicar recortes y nadie quiere asumirlos con unas elecciones a la vuelta de la esquina.
Es incuestionable que el Estado de las Autonomías ha sido muy positivo para España. El modelo de descentralización, con sus defectos, ha servido para devolver derechos que se habían conculcado a muchos territorios con identidad propia durante la dictadura, lo que permitió integrar en la transición a quienes guardaban para sí un intento de revancha. Pero además permitió recuperar la identidad a territorios que la creían perdida, resolver más cerca problemas que desde la centralidad se veían muy lejanos y crear unos sistemas de servicios que han sido realmente positivos y que han permitido fortalecer lo que hemos dado en llamar "estado del bienestar".
Pero no todo han sido bonanzas. El Estado Autonómico ha sido caro, porque la descentralización de las competencias se ha hecho a base de crecer y crecer en aparato y burocracia, se han creado televisiones autonómicas que son una auténtica ruina y se ha estimulado una falsa competitividad entre las regiones, que hace que muchos sueldos se hayan disparado hasta límites hoy muy difíciles de afrontar. En algunos casos el idioma propio se ha utilizado como arma arrojadiza, y la educación ha sido una juerga, con una reinvención de la historia de los territorios que es difícilmente explicable desde cualquier estudio científico.
Luces y sombras para un sistema irreversible, para una configuración del Estado que no tiene vuelta atrás, pero que tiene, no que reinventarse, sino reformarse para ser realmente eficaz y no tan cuestionado por los ciudadanos. Las autonomías han sido bien vistas durante todos estos años porque han contribuido a pacificar la transición, han permitido una mayor participación de los ciudadanos y han estimulado el orgullo de lo propio (aunque, por desgracia, perdiendo el orgullo de lo común). Nadie se ha detenido a mirar lo que costaban cuando los recursos eran suficientes, sin embargo, ahora las cosas son muy diferentes. Es difícil explicar que hay que recortar los sueldos a los funcionarios porque hemos crecido en número como un souffle, tampoco se entiende que nos hemos dotado de instituciones que los ciudadanos perciben de dudosa utilidad, como 17 Consejos Consultivos, cuando hay un Consejo del Estado, o 17 Consejos de Cuentas, cuando hay un Consejo Nacional. Se han creado cientos de empresas públicas, algunas de dudosa rentabilidad. Hay cosas que es necesario revisar porque los recursos ahora son escasos y es imposible llegar a todo. Hay que optimizar lo que tenemos, evitar las duplicidades, prestar servicios comunes en las zonas limítrofes entre Comunidades y hay que evitar los agravios comparativos, las carteras de servicios en áreas como la sanidad no pueden ser diferentes, y ceder a las presiones de quienes en un afán de distinguirse, quieren ir a más sin tener resuelto el mecanismo de financiación. El agujero de la sanidad es impresionante y puede llegar a poner en riesgo la prestación en un futuro.
Ante esta situación está la respuesta del PP, que deja muy claro que mejorar las autonomías no implica reformar la Constitución, pero sí hay que abordar cuestiones claves como el control del déficit público o delimitar el techo de gasto. Se trata de aplicar la austeridad con rigor, no con cicatería y teniendo la certeza de que cada euro que se gasta, se optimiza y redunda en el beneficio directo de los ciudadanos.
Ayer FAES hizo público su informe sobre el Estado Autonómico. En ningún momento Aznar se pronunció en su contra, ni cuestionó la regulación que hace de él la Constitución, pero sí hizo algunas advertencias que merecen ser escuchadas. España debe aparecer ante Europa como un país fuerte y no como un país dividido y fragmentado en microestados. Negar que hay nacionalismos que es lo que buscan, es ponerse una venda en los ojos. Es importante el control del gasto y no aumentar el déficit, y que las autonomías no vacíen de contenido al Estado y éste pase a ser residual, porque eso lo debilita. El Estado ha de ser fuerte y con contenido, y acierta el PP al determinar qué competencias deben ser suyas: la política económica, la representación exterior, la defensa, la seguridad o la justicia. Estas premisas son tan de sentido común, que muchas de ellas fueron postuladas por el propio PSOE; lo que pasa es que como ayer las dijo Aznar, el socialismo se ha lanzado en tromba para denunciar que el PP quiere liquidar la España de las Autonomías, recortar las competencias y volver al pasado. Tan burda manipulación política sólo pone en evidencia a quien la hace, porque hay que estar ciego para no ver que una mayoría de españoles piden un mayor control, un recorte de gastos y más eficacia en la gestión. Si este camino no se sigue, me temo que en pocos años podremos encontrarnos con la incómoda situación de que serán los propios ciudadanos los que cuestionarán de forma contundente y expresa la necesidad de mantener el Estado Autonómico.