Los intereses creados.

Con la que está cayendo, con la situación que tienen que soportar los bolsillos de los ciudadanos, con los índices de paro que tenemos en España, ayer pudimos leer el informe de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en el que se señala que los españoles pagamos al año 1.600 millones de euros más por los combustibles que países como Francia o Alemania. La cifra está calculada antes de impuestos, lo que viene a señalar que pagamos más cara la materia prima. ¿Por qué?... La respuesta es evidente, porque falta competencia en el sector. Falta competencia porque España no es un país suficientemente atractivo para las grandes operadores de los carburantes ya que aquí los márgenes son muy cortos y, además, todo son trabas para implantar nuevas estaciones de servicio. Así de increíble.
Buceando un poco en este complejo mundo de la distribución de los combustibles, me he encontrado algunos datos que son para pensar. En primer lugar casi todas las grandes petroleras (Exon, Total, Q`Olis...) no están aquí porque en sus planes de expansión España no es un país atractivo, ya que hay demasiados peajes y pocas posibilidades de buscar proveedores diferentes a la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). Conclusión: el mercado nacional no interesa y es mejor dejarlo en manos de quienes ya lo tienen y que lo que hacen es poco menos que pactar los precios y por eso las variaciones entre una y otra gasolinera son mínimas.
De la antigua CAMPSA, que tenía el monopolio del petróleo, se produjo la escisión que dio origen a la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), cuyo objeto social es la realización de servicios logísticos de almacenamiento, transporte y distribución de toda clase de hidrocarburos y productos químicos. Además, sus instalaciones podrán ser utilizadas por terceros en condiciones no discriminatorias, con lo que teóricamente se garantiza el acceso a nuevos operadores. Pero la realidad es muy diferente, ya que la práctica totalidad de los combustibles llegan a través de la CLH (que pertenece a los grandes operadores españoles CAMPSA, REPSOL y BP), con lo que los precios son similares. Como, para empeorarlo aún más, los márgenes comerciales son más bajos cada vez, la entrada de nuevos operadores es hoy por hoy impensable, lo que hace que los precios se muevan siempre en el nivel de perjuicio a los usuarios. Es cierto que compramos el petróleo caro, pero también es cierto que no hemos sabido crear las estructuras necesarias para que los ciudadanos se beneficien de los precios que podrían darse en condiciones de competitividad entre operadores.
Hace un par de años la Comisión de la Competencia denunció que las grandes petroleras en España, REPSOL, CAMPSA y BP, accionistas de CLH, tenían una posición de dominio en el mercado que frenaba la bajada de precios, por lo que pedían al Gobierno que facilitara la entrada de una mayor competencia que redundaría en la política de precios. En estos dos años no se ha hecho nada. Hemos visto cómo cada fluctuación del petróleo se reflejaba inmediatamente en el precio de los combustibles y en casi todas las gasolineras los precios eran los máximos fijados.
Ahora la situación se agrava, porque estamos en un escenario de crisis más agudizada, con un mercado del petróleo en plena escalada y con los bolsillos de los ciudadanos más menguados que nunca. La gasolina ha subido esta semana un 1%, con un precio ayer de 1,32€/l, lo que supone el máximo histórico y es la tercera semana consecutiva que se alcanza. Es impredecible hacia dónde vamos en el precio del barril de petróleo, por lo que no sirve hablar sólo de medidas de ahorro, también de medidas de competitividad. Si hace dos años se recomendaron actuaciones para bajar los precios e incluso se adoptaron medidas parlamentarias para lograrlo, es inexplicable que sigamos de brazos cruzados. La CNC pide que salgan las petroleras del control de la CLH, que se simplifiquen los trámites para instalar nuevas gasolineras y que se facilite que éstas se instalen en centros comerciales o la fijación por Industria de los precios de acceso a la red de transporte de hidrocarburos. No son propuestas nuevas, pero las presiones deben ser tales que no se ha hecho nada por parte de la Administración.
La factura del petróleo la asumimos los ciudadanos, porque el Estado no subvenciona nada. Sería un deber moral y de justicia que los ciudadanos pagáramos lo menos posible. Es farisaico y torticero aprobar medidas como recortar la velocidad de los coches mientras no se propicia que bajen los precios de los combustibles en España. Pero, claro, este Gobierno está en otras batallas y no parece que ahora esté dispuesto a enfrentarse a las todopoderosas petroleras... Lo seguiremos pagando más caro.